Diputados cartistas y abdistas abroquelados pretenden con su mayoría
aplastante de 43 votos aceptar el veto del Ejecutivo a la ley que control a los
gastos sociales y enterrar la norma, a tres meses de las elecciones internas
simultáneas, prevista el 20 de junio.
Los colorados aguardaron los últimos días del plazo antes de que tenga sanción
automática el veto del Ejecutivo a la ley que incluye los gastos sociales al PGN
para incluir en entre los puntos del orden del día.
La oposición inició una campaña ciudadana a través redes sociales identificada
como: #DiputadosRechacenElVeto que buscaba levantar el veto del Ejecutivo.
Los opositores aseguran que una mayoría prefiere no transparentar el uso de
los recursos de las binacionales, porque quiere que siga el despilfarro de los
recursos en privilegios salariales y campañas electorales.
Los colorados alegan que una ley no puede estar por encima de un tratado
internacional. Sin embargo, para la oposición la ley es constitucional y los
acuerdos celebrados con Brasil y Argentina permiten con facilidad realizar
maniobras y modificaciones al tratado original.
Solo teniendo en cuenta el dinero que las binacionales destinaron en concepto
de gastos sociales se desprende que la Itaipú destinó desde el 2016 al 2020 US$
447 millones y Yacyretá US$ 53 millones.
La objeción
El presidente objeta la norma con el argumento de que en virtud a los artículos
137 y 141 de la Constitución las disposiciones de los Tratados de Itaipú y
Yacyretá se encuentran por encima de las leyes ordinarias por lo cual modificar
sus disposiciones a través de leyes ordinarias implicaría transgredir el
ordenamiento constitucional de prelación normativa.
También señala que el control de los gastos derivados de los programas
socioambientales, debe efectuarse en el marco de lo que disponen los tratados
internacionales y no puede ser sometido a la voluntad de una de las partes.
Intención de larga data
En el 2010, Gustavo Codas (+), extitular de Itaipú en la era de Fernando Lugo
(FG), acudió al Congreso y sorprendió con sus declaraciones de que por
disposición de Lugo “los gastos sociales” de la Itaipú van a figurar en el
Presupuesto General de la Nación, es decir, pasarán por el Congreso. El hecho
fue calificado como muy positivo; sin embargo, la intención no prosperó y el
Gobierno encontró la manera de canalizarlos a través del PTI.
